A pocos kilómetros de la capital tucumana, en Tafí Viejo, se encuentra el Pozo de Vargas, una construcción subterránea de mampostería de fines del siglo XIX que fue utilizado por la última dictadura militar entre 1976 y 1977 como inhumación clandestina. Allí, el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) e integrantes del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES, CONICET-UNT) realizan trabajos de arqueología y antropología forense para la resolución de casos de personas detenidas desaparecidas en Tucumán. Actualmente son 107 las personas identificadas, lo que convierte al Pozo de Vargas en el lugar de inhumaciones clandestinas con más identificados de Argentina.
Víctor Ataliva, integrante del ISES y especialista en Estudios Culturales por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, comenzó como perito forense en 2002 como parte del primer equipo forense local de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán. De esa primera experiencia se conformaron, posteriormente, dos equipos; uno de ellos, del CAMIT –integrado por los especialistas que iniciaron la pericia– que es el que está a cargo de la intervención forense desde 2009. El trabajo tenía como fin encontrar un lugar que según las denuncias de vecinos de la zona había sido utilizado para arrojar los cuerpos de detenidos desaparecidos.
Ataliva, quince años después, recuerda los primeros trabajos en el pozo en abril de 2002. “A las dos semanas encontramos una construcción subterránea que era un pozo de agua diseñado por los ingleses, vinculada al mundo ferroviario, y que tenía como fin abastecer de agua a las máquinas de vapor”.
Dicha construcción tiene 3 metros de diámetro y 34 de profundidad, esto también permite dimensionar el trabajo realizado que consistió en la excavación sistemática, recuperación de evidencias y análisis posteriores. Ataliva explica que “a partir de los 28 metros y hasta los 32, relevamos y recuperamos la mayor cantidad de evidencias óseas y material asociado como textiles, proyectiles, y efectos personales de las personas arrojadas en el pozo”.
Donde estaba el pozo el paisaje era esencialmente rural, con construcciones tanto ferroviarias como típicamente relacionadas a la producción azucarera, típicas del ámbito rural tucumano: además del pozo un cargadero de caña se encontraba allí, cuya función, durante la primera mitad del siglo XX, era la de dirigir hacia los ingenios la caña para su molienda. Una vez que las fuerzas represivas decidieron no seguir empleando el pozo destruyeron su entorno y arrojaron los restos de esas construcciones en su interior, y luego camiones con tierra terminaron de cubrir el pozo para ocultar las evidencias. En un comienzo se utilizaron palas y hasta un malacate para extraer bloques de mampostería de hasta 200 kilos.
El lugar donde se encuentra el Pozo también narra la historia del pedemonte. Allí se concentra la trayectoria del mundo ferroviario y azucarero: a 4 km al norte del pozo se encuentran los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo y a 3 km al sur el ex ingenio San José.
En referencia a la importancia del testimonio oral, Ataliva expresa que: “A partir de testimonios recogidos en Villa Muñeca, en la zona barrial se sabía claramente el horario y los días en los que venían los camiones trayendo gente a este lugar. Había un apagón programado y los vecinos sabían que no tenían que salir de sus casas”.
Desde 2015, el ISES avanza con proyectos conjuntos a partir del requerimiento de la Asociación Amigos del Museo y los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo con el objetivo de brindar el marco histórico de los diez trabajadores ferroviarios identificados en el pozo de Vargas y colaborar en las instancias conmemorativas que realizan en los propios Talleres. Por otro lado, el ISES – CAMIT contribuye en exposiciones itinerantes museográficas en Tafí Viejo. “El trabajo realizado hasta el momento y el avance de las investigaciones posibilitan una mayor presencia en el ámbito público institucional. El trabajo conjunto abrirá puertas para avanzar con las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Tucumán y, en este sentido, este año participamos de la Jornada de Genética Forense realizada en el marco del Programa Ciencia y Justicia del CONICET”, dice Ataliva.
Tucumán como laboratorio de la represión sistemática
A diferencia del resto de la Argentina en la provincia de Tucumán las prácticas genocidas comenzaron un año antes, en febrero del ´75, con la ocupación militar a partir del Operativo Independencia, una instancia represiva promocionada a través del Estado nacional. Esto generó que se constituyan los primeros centros represivos clandestinos de detención y un férreo control social, tanto en el pedemonte como en la Capital. Ese es el marco general desde donde se instaura la dictadura. El control efectivo realizado por las fuerzas represivas ha sido en todos los ámbitos: el universitario, el laboral y en los medios de comunicación. “No nos olvidemos que unos días antes del golpe de Estado del 76 se instala un centro clandestino de detención en la misma Universidad Nacional de Tucumán en la Escuela de Educación Física, eso da una idea de la dimensión de las prácticas genocidas en Tucumán”, remarca Ataliva.
Daniel Campi, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y director del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES, CONICET-UNT) explica que dentro del marco de lo doloroso que es ocuparse de estos temas “es un orgullo para el CONICET y para la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que actores fundamentales de este trabajo hayan sido nuestros investigadores, becarios y técnicos, y el compromiso institucional del CONICET y la UNT seguirá inalterable e iremos perfeccionando nuestras formas de colaboración con esta empresa humanitaria y de justicia para garantizar un futuro democrático y de conveniencia sin olvidos, sin mentiras para todos los argentinos. Duele, aquí –señala el pozo– tengo mucha gente, compañeros de la primaria, la secundaria, una ex novia”.
Del universo de identificados hasta el momento un número importante provenía del Centro Clandestino que funcionó en la Compañía de Arsenales. Dentro de ese colectivo hay personas del mundo azucarero y el surco, de militantes políticos y sociales, de estudiantes, docentes y egresados de la universidad. “Hay grupos de personas que son realmente llamativos por su profesión, por su trayectoria política. Un grupo que llama la atención es el de diez trabajadores ferroviarios de los Talleres de Tafí Viejo, eso también da pautas de los grupos laborales que fueron perseguidos y asesinados por la dictadura”, señala Ataliva.
El Pozo de Vargas como lugar de memoria
Es un lugar donde confluyen las representaciones, los saberes y los discursos de distintos actores y que configuran un universo simbólico que ubica al pozo como un lugar de memoria –más allá de que en 2015 fue señalado como Sitio de la Memoria-. “Siempre cuando hay una identificación es muy movilizante para los familiares y organismos de derechos humanos y que conllevan una serie de rituales que se materializan en el pozo de Vargas. Por ejemplo, los familiares plantan un árbol en nombre de su familiar identificado, vienen aquí a tomar mate en el día del padre, en el día del cumpleaños de su familiar, el día de aniversario de casamiento y lo conmemoran aquí. Es decir, lo estrictamente científico está atravesado por las prácticas de los distintos actores, por las memorias locales, las representaciones que tienen los familiares, los organismos y la sociedad en su conjunto”, reflexiona Ataliva.
Según Campi: “Esta experiencia que ha dado a luz y ha aportado pruebas irrefutables y contundentes sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto de actores diversos. En primer lugar, los organismos de Derechos Humanos, los familiares de detenidos desaparecidos, agrupaciones de ex presos políticos, un grupo muy importante de docentes y estudiantes de la carrera de Arqueología de la UNT, entre los cuales participaron becarios del CONICET, el gobierno de la Provincia de Tucumán, la UNT que hizo los aportes materiales sustanciales para la construcción, protección del pozo de Vargas y la construcción de laboratorios y por supuesto, el marco institucional que se dio a partir de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final que incentivaron los juicios que facilitaron la intervención de la justicia federal”.
La ciencia como aporte
Antes de comenzar con las excavaciones, desde lo técnico hubo que solucionar problemas concretos para continuar con la investigación, por ejemplo que el pozo de llene de agua o realizar un registro exhaustivo para hacer una reconstrucción en laboratorio de las evidencias óseas recuperadas en el interior del pozo. Además, del aporte de la arqueología forense, de la genética forense, de la antropología forense “nos parece que este es un espacio donde la ciencia aportó respuestas concretas a la sociedad. Es decir, los familiares que reclamaron cuarenta años acerca de donde están sus familiares y que desde la arqueología y la ciencia en su conjunto dieron respuestas a estas preguntas. Si bien no eran las respuestas que los familiares esperaban las valoran como tal. De esta manera, es donde se ve que la ciencia aporta a las necesidades concretas de la sociedad, los aportes científicos contribuyendo a dar respuestas a las familias de los desaparecidos”.
En relación al trabajo forense, Ataliva explica que no solo consiste en abordar la materialidad de las prácticas genocidas. “Cuando digo las materialidades hablo de restos óseos, las evidencias asociadas. Aquí el aporte de la memoria oral ha sido esencial para armar ese rompecabezas acerca de la localización del pozo y las trayectorias de vida de las personas que fueron recuperadas en el interior del pozo. El aporte de los familiares, de los allegados, de los amigos es realmente importante porque posibilita reconstruir las historias de vida y acercarnos a las personas. Nosotros no recuperamos huesos, recuperamos historias de vida”.
Desde una perspectiva científica el aporte de distintas disciplinas e instituciones ha sido vital para el avance de las causas judiciales. En ese sentido, la contribución de instituciones como la UNT, el CONICET, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Programa Ciencia y Justicia del CONICET se han convertido en claves para avanzar en causas tan sensibles para la sociedad tucumana. Esta articulación de trabajos se configura con muchas instituciones, entre ellos el que desde el CAMIT y el CONICET realizan con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que son los que están a cargo, vía Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas de realizar los análisis genéticos para la identificación nominal positiva.
Cada vez que los peritos forenses bajan con estecas, pinceles y cucharines por el elevador que los lleva al interior del pozo lo hacen muy concentrados, “es una coraza que nos fuimos poniendo”, afirma Ataliva. Hasta el momento el equipo ha extraído más de 150 toneladas de escombro y tierra para llegar a los restos óseos. De hecho la cantidad recuperada de restos óseos es de 37 mil. A eso hay que sumar más de un millar de evidencias textiles, de calzado y objetos personales. “El abrazo de los familiares es el mayor reconocimiento que tenemos”, dice Ataliva mientras entran al predio del Pozo de Vargas familiares de Manuel Zoilo Reyes, sindicalista de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), secuestrado el 2 de abril de 1976 e identificado a principios de 2015.
Programa Nacional Ciencia y Justicia
Establece vínculos operativos entre el CONICET y los Poderes Judiciales de todo el país, los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa y los distintos operadores del Derecho. El CONICET, desde hace años, ofrece sus capacidades de investigación, capacitación y equipamiento en función a las necesidades específicas de los jueces y/o fiscales.
Los ejes del programa están definidos en cinco componentes: fortalecimiento de los laboratorios forenses, de los vínculos entre la justicia a nivel provincial y nacional y con organizaciones internacionales vinculadas al sector; mejora de los servicios forenses, informes y capacitación que presta CONICET; y generación de estímulos para la aplicación de la actividad científica en el campo forense.
Por Sergio Patrone Firma Paz
